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Sobre la prisión preventiva y la presunción de inocencia

El fallo de la Corte Intera­mericana de Derechos Hu­manos, que resolvió a favor de Tato Romero Feris, tiene 45 páginas y analiza en pro­fundidad las irregularida­des que se cometieron en el ámbito de la Justicia de Co­rrientes.

Uno de los párrafos medulares de la sentencia dice:

Sobre la arbitrariedad re­ferida en el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha es­tablecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun califi­cados de legales- puedan re­putarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del indi­viduo, por ser, entre otras cosas, irrazonables, impre­visibles o faltos de propor­cionalidad. El Tribunal con­sideró que se requiere que la ley interna, el procedimien­to aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concep­to de “arbitrariedad” con el de “contrario a ley”, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de inco­rrección, injusticia e impre­visibilidad.

La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la li­bertad no sea arbitraria, es necesario que: i) Se presen­ten presupuestos materiales relacionados con la existen­cia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; ii) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del “test de proporcionalidad”, es decir con la finalidad de la medida que debe ser legíti­ma (compatible con la Con­vención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y es­trictamente proporcional, y iii) La decisión que las im­pone contenga una motiva­ción suficiente que permita evaluar si se ajusta a las con­diciones señaladas.